Carta dirigida al Gobierno Central de España

Con esta recogida de firmas queremos poner de relieve que una gran cantidad de ciudadanos exige una revisión urgente del Concordato entre el Estado Español (que afecta a todas las Comunidades Autónomas) y la Santa Sede.

1. Exigimos la finalización de la financianciación de la Iglesia a costa de los presupuestos generales del Estado.La Iglesia, al igual que el resto de organizaciones religiosas, debe lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Reclamamos también la normalización de las aportaciones tributarias a las arcas del Estado por parte de la Iglesia y sus empleados.

2. Exigimos la revisión de la enseñanza de Religión. Si se imparte la asignatura de religión como parte del curriculum, esta ha de ser religión como hecho histórico- cultural y no desde el punto de vista confesional. La decisión de contenidos será siempre responsabilidad del Estado. Los profesores deberán de tener un estatuto jurídico (acceso, cese, derechos, incluída la libertad de cátedra, y obigaciones) igual al del resto de los docentes: empleados del Estado pagados por él y sometidos a su disciplina y a su inspección. La enseñanza confesional de la religión debe corresponder siempre a las confesiones religiosas y nunca formar parte del curriculum.

3. Exigimos que los acuerdos internacionales del Estado Español se ajusten a la Constitución Española de 1978 especialmente en lo que se refiere a los artículos 14 y 27. España es un estado aconfesional donde existe la libertad de culto y los acuerdos estatales deben de estar sujetos a esa realidad constitucional. Requerimos que los acuerdos internacionales del Estado Español se ajusten a la declaración de Derechos Humanos de 1948 especialmente en lo que se refiere a los artículos 2, 18, 19, 20, 25 y 26.

Quienes firmamos esta petición pertenecemos al más amplio abanico de sensibilidades sociales, políticas, culturales y religiosas y queremos vivir en un entorno basado en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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